Fundación Betiko

José Luis Gordillo

La fuerza de la no violencia

Las revueltas en el norte de África y Oriente Próximo, iniciadas en los últimos meses de 2010 y primeros de 2011, han condicionado todo el devenir político del año. La caída de Ben Ali y Mubarak se convirtió en un revulsivo poderosísimo que activó o reforzó las revueltas y movilizaciones en otras partes del mundo (Sáhara occidental, Yemen, Bahrein, Jordania, Arabia Saudí, Libia, Siria, Argelia, Marruecos, Iraq, Irán, España, Grecia, Israel, China, Chile, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Rusia, etc).

Dichas revueltas, con la excepción de Libia y parcialmente Siria, fueron mayoritariamente no armadas e inspiradas en modelos de lucha social no violenta (aunque en su concreción no lo fueran siempre al modo estrictamente gandhiano), tendentes por ello a impedir el estallido de la réplica infinita, esto es, la espiral de acción-reacción-acción que pone en marcha el recurso a la violencia. En los casos de Túnez y Egipto, la movilización popular consiguió que el ejército no ahogara en sangre las protestas, con lo que se alcanzó el objetivo mayor de toda estrategia no violenta de transformación política, ya que, con un ejército pasivo, a los dictadores únicamente les queda hacer las maletas y largarse. Se dijo –y sería buena cosa comprobarlo- que dichas revueltas adoptaron como libro de cabecera De la dictadura a la democracia del afamado teórico norteamericano de la acción no violenta Gene Sharp.

Las maneras preferentemente pacíficas de las multitudes tunecinas y egipcias fueron rápidamente imitadas por el movimiento de los indignados que, entre el 15 de mayo y el 15 de octubre, ocuparon plazas y/o se manifestaron en más de 951 ciudades de 92 países diferentes para protestar contra la gestión neoliberal de la crisis económica.

El carácter revoltoso pero pacífico del movimiento de los indignados en España quedó claro tras la desobediencia masiva a la orden de desalojo de las plazas, emitida por la Junta Electoral Central la semana anterior a las elecciones municipales y autonómicas, y con motivo de la resistencia no violenta a los intentos de echarles fuera de dichas plazas por parte de la policía, en especial el intento de limpiar la Plaza Cataluña de Barcelona. En este caso, pese a la contundencia de las cargas policiales, la actitud ejemplarmente no violenta de los acampados y el apoyo popular que recibieron de inmediato, hicieron posible la rápida recuperación de ese espacio urbano, así como la caída en desgracia de Felip Puig, el Conseller d’Interior que mandaba las fuerzas policiales. Dada su repercusión mediática internacional, dicha respuesta cumplió una función pedagógica para todo el movimiento.

La opción por la no violencia de los indignados ibéricos estableció una línea de continuidad con la tradición iniciada por la oposición no armada al franquismo y seguida por el movimiento ecologista, la campaña anti-OTAN, la campaña de insumisión al servicio militar y las movilizaciones antibelicistas de la primera década del este siglo. El adios a las armas de ETA, anunciado el 20 de octubre, y la apuesta de la izquierda abertzale por los métodos democráticos, reforzaron todavía más la popularidad de las vías pacíficas de lucha social.

Del “no en nuestro nombre” al “no nos representan”

Una de las denuncias características del movimiento de los indignados es la pérdida de sentido de los procedimientos institucionales de participación democrática. Ésta se debe, sobre todo, a la cooptación por parte de las entidades financieras de los dirigentes de los principales partidos políticos (como decían los acampados en la Puerta del Sol: “votes lo que votes siempre votas a Botín”). Alessio Rastani, un pequeño broker de la City de Londres, lo expresó con más brutalidad al afirmar sin pelos en la lengua “el mundo está gobernado por Goldman Sachs”. En España, en una clara demostración de la verdad de este aserto, los dos partidos con derecho a gobernar, PSOE y PP, aprobaron a paso de carga una reforma de la Constitución que ha transformado el Estado español en un Estado deudocrático de Derecho.

En efecto, según el nuevo artículo 135 de la Constitución pagar la deuda a los bancos será a partir de ahora una prioridad absoluta (“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”).  Si el pago de la deuda pública es una prioridad absoluta, eso significa que será inconstitucional demorarlo o suspenderlo por razones de interés general (para, por ejemplo, reactivar la economía o hacer frente a situaciones graves de miseria y exclusión social) o bien supeditarlo a la consecución de otros posibles objetivos como, sin ir más lejos, hacer efectivos los derechos sociales.

La reforma ha supuesto, por tanto, elevar a rango constitucional las políticas aplicadas por el PSOE, PP o CiU, consistentes en cerrar hospitales, despedir a profesores o recortar los salarios de médicos, enfermeras o bomberos con la finalidad prioritaria de pagar la deuda a los mercaderes que especulan con la prima de riesgo de los Estados.

Esta reforma constitucional no responde a demanda popular alguna. Es más: la inmensa mayoría de la población no tiene ni la más mínima idea de su alcance práctico. Los que la exigieron fueron sus más directos beneficiarios, esto es, los bancos y las entidades financieras, los cuales sí saben muy bien cuáles son sus consecuencias prácticas.

Claramente, cuando los diputados del PSOE o el PP votaron a favor de una medida tan radical que desnaturaliza el carácter mismo de Estado Social de Derecho, proclamado en el art. 1 de la Constitución, estaban representando los intereses de los especuladores financieros, no los de sus votantes.

En ese sentido, hay una continuidad evidente entre el “no nos representan” del 15-M y el “no en nuestro nombre” del movimiento antiguerra de hace ocho años. Los dos lemas apuntan al mismo problema: la degradación de los sistemas políticos occidentales en los que se utiliza la palabra “democracia” para intentar legitimar  determinadas decisiones sabiendo que la mayoría de la población está en contra de ellas.

Desde Marx sabemos que hay una contradicción estructural entre capitalismo y democracia.  Pero ahora, tras los golpes de estado financieros en Italia y Grecia, parece que nos adentramos en una época en que esa contradicción se pretende resolver definitivamente a favor de lo primero y en contra de lo segundo.

El caso de España es paradigmático en ese sentido. La monarquía parlamentaria de los Borbones se sostiene políticamente sobre dos patas: un gran partido de derechas y otro que dice ser progresista pero que siempre acaba haciendo políticas de derechas. El primero perdió las elecciones generales de 2004 por haber secundado las políticas belicistas y criminales de EE.UU, claramente rechazadas por la inmensa mayoría de la población. Ahora ha ganado las últimas elecciones por el hundimiento del otro partido, provocado por la aplicación de los recortes sociales exigidos por “los mercados” pero también rechazados por la población. Pero resulta que, por imposición de los mismos “mercados”, el partido vencedor está obligado a radicalizar las mismas políticas impopulares, lo que permite prever una caída en picado de su legitimación social en un futuro cercano. Pero ¿y después del PP qué?, ¿otro golpe de estado financiero como el de Grecia e Italia o alguna cosa peor?

Cualquier historiador diría que todo eso es un síntoma claro de que hemos entrado en la etapa agónica del régimen político actual. De ahí la importancia del movimiento del 15-M. En este contexto, su demanda de una verdadera democracia puede acabar siendo el germen de un nuevo proceso constituyente.

Fin del petróleo barato, imperialismo y 15-M

La opción por la no violencia y la denuncia del carácter escasamente representativo de nuestro sistema político serían los puntos más claros de coincidencia entre el 15-M y el movimiento por la paz. Hay algunos más, en especial la exigencia de reducir los gastos militares para poder aumentar las partidas destinadas a los gastos sociales. Pero más allá de estas coincidencias, vale la pena preguntar, a tenor de lo ocurrido en relación con la intervención de la OTAN en Libia, si el 15-M comparte o no el antimilitarismo, el posicionamiento anti-OTAN y, sobre todo, el tradicional lema “no más sangre por petróleo” del movimiento por la paz ibérico y occidental.

La pregunta tiene sentido porque la intervención de la OTAN en Libia se produjo un mes antes de la eclosión del movimiento del 15-M y, para sorpresa de muchos pacifistas, la decisión de apoyar dicha intervención, por parte del gobierno español y la mayoría de partidos políticos, no se convirtió en uno de los principales motivos de indignación de los indignados.

En efecto, el 18 de marzo el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en la que se autorizaba una intervención militar “para proteger a los civiles” de Libia. Pero desde el principio de la intervención, varios dirigentes de la OTAN expresaron su deseo de acabar con Gadafi y, por tanto, de llevar a cabo un cambio de régimen en Libia que resultara favorable a sus intereses geoestratégicos y de suministro energético, lo cual excedía claramente lo autorizado por la ONU y era un objetivo frontalmente contrario a la Carta de San Francisco. Además, desde el primer bombardeo, los EE.UU utilizaron misiles recubiertos de uranio empobrecido, como los misiles Tomahawk, causantes de diversos tipos de cáncer. Afirmar querer “proteger” a los civiles de Libia utilizando armas radioactivas que les provocan enfermedades letales era un contrasentido evidente. De todo ello, la mitad de la población española ya se dio cuenta al cabo de un mes de haberse iniciado la intervención occidental y, en consecuencia, se declaró contraria a la misma según diversos sondeos[1].

A eso cabe añadir que en la llamada “comunidad internacional” estas cuestiones fueron objeto de controversia y de ello se informó ampliamente. Rusia, China, Brasil, Alemania y la India[2], por ejemplo, se abstuvieron en la votación del Consejo de Seguridad y sus dirigentes muy pronto comenzaron a criticar el carácter ilegal de la intervención. Lo mismo hicieron, pero con más acritud, los dirigentes de los países de la América Latina bolivariana. En la misma OTAN hubo disensiones notables: Alemania se negó a enviar tropas y Francia e Italia se enzarzaron en una agria disputa sobre el destino de los refugiados libios que llegaban en pateras a las costas italianas, la cual incluyó el cierre francés de la frontera de Ventimiglia para evitar que dichos refugiados se instalaran en Francia. Obama dirigió toda la operación, pero el protagonismo mediático se lo cedió a Sarkozy y Cameron por temor a soliviantar a la sociedad civil de los países musulmanes, y por el rechazo de la mayoría de su propia opinión pública[3] y de la mayoría del Congreso.

Por último, muy pronto comenzó a haber denuncias creíbles (como las formuladas por el Vaticano) de que la OTAN estaba matando a no combatientes y atacando objetivos civiles en las ciudades que bombardeaba. Y aunque hubo un cerrojazo informativo escandaloso en los principales medios de comunicación, por Internet era fácil informarse sobre las manifestaciones convocadas en otros países contra la intervención. Desde la primavera hasta el otoño, hubo acciones populares de protesta –no masivas, es cierto, pero sí significativas- en París, Bruselas, Washington, Nueva York, Roma, Milán, Florencia, Nápoles, Perugia, Parma, Génova, Sigonella, Aviano, Bolonia, Parma, Palermo, Verona, Sassari, Trento o Trieste, entre otras.

Pues bien, a pesar de todo lo anterior, la oposición a dicha intervención no se convirtió en una de las reivindicaciones características del 15-M. Y no fue porque no hubiera oportunidades para expresar dicho rechazo. Entre el 19 de marzo y finales de octubre, diversas plataformas pacifistas, colectivos ecologistas, Foros sociales y organizaciones políticas (Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista, Bloque Nacionalista Galego[4], sobre todo) convocaron una retahíla de manifestaciones y concentraciones en muchas ciudades y pueblos de España (Barcelona, Madrid, Alicante, Zaragoza, Salamanca, Jerez de la Frontera, Sevilla, Bilbao, Gijón, Toledo, Santiago de Compostela, Valladolid, Cádiz, Ciudad Real, Valencia, Santander, Logroño, Lérida). Sin embargo, la asistencia a las mismas, con la excepción de la gran manifestación de Madrid del  26 de marzo a la que asistieron más  de 10.000 personas, fue más bien escasa.

¿Por qué las multitudes que llenaron las plazas en mayo no acudieron a estas manifestaciones y concentraciones?

La respuesta más común a esta cuestión es aludir a que el 15-M se centró en intentar combatir las consecuencias sociales y políticas de las crisis económica, no en el repudio a las guerras. Pero si eso es cierto entonces sólo podemos concluir que el diagnóstico sobre la situación económica de dicho movimiento es bastante alicorto, porque no ha llegado todavía a establecer una conexión entre la crisis económica, la crisis energética y las guerras por el petróleo. Dicho en otras palabras, parece no haber consciencia en las multitudes del 15-M de todo lo que implica el final de la era del petróleo abundante y barato, y de hasta qué punto estamos inmersos, desde el 11-S, en una lucha desesperada a nivel mundial por el control de los recursos escasos.

Tanto más cuanto que todo eso ocurrió en un año en que el precio del barril de petróleo Brent no bajó de los 100 dólares, en que el terrible accidente nuclear de Fukushima dejó claro a quien no fuera ciego que la energía nuclear no es alternativa a nada y después de que la Agencia Internacional de la Energía reconociera que en 2006 se alcanzó el pico del petróleo convencional[5].

Tomar consciencia de todas las implicaciones del final de la era del petróleo abundante y barato es decisivo para pensar en las propuestas que se pueden hacer para salir de esta crisis. El keynesianismo sin más, por ejemplo, no nos sacará de la crisis, salvo que se trate de un keynesianismo verde que parta de la premisa de la imposibilidad de seguir creciendo en el uso de los recursos agotables y en la emisión de contaminación. Demandar una simple vuelta a las políticas keynesianas de los años dorados del Estado del Bienestar, nos hará merecedores de la célebre invectiva de Kenneth E. Boulding contra los economistas: “Cualquiera que crea que un crecimiento exponencial puede continuar para siempre en un mundo finito es o un loco o un economista”.

Sin la consciencia de que la continuidad de nuestro modelo de producción y consumo exige matanzas como la de Afganistán, Iraq o Libia, el clamor de las plazas del 15-M puede reconvertirse fácilmente en apoyo a nuevas guerras imperialistas por los recursos escasos. El 15-M será emancipador si es antimilitarista y antimperialista.

[1] Según sondeo de Metroscopia publicado en El País el 22 de marzo, el 66% apoyaba la intervención y un 28% se oponía. El 28 de mayo, según otro sondeo de la misma empresa hecho público en el mismo periódico, el 49% ya se oponía a la intervención mientras el 42% seguía apoyándola.

[2] En el caso de la India por un argumento de mucho peso: por considerar que no existía ninguna información creíble sobre la situación en Libia que pudiera justificar las medidas militares que se proponían. Ver Ph. Leymarie, “Guerre en Lybie: la furia française”, http://blog.mondediplo.net.

[3] Según un sondeo hecho público el 30 de marzo, el 47% de la población estadounidense estaba en contra de la intervención en Libia (www.rtve.es 30/03/2011). A un problema similar hubo de enfrentarse Cameron. Según informaba la Agencia Reuters el 22 de marzo, el 43% de los británicos estaba decididamente en contra, el 22% se mostraba indeciso y el 35% la apoyaba.

[4] No en cambio Iniciativa per Catalunya y Equo, que votaron en el Congreso de los Diputados a favor de la participación de España en los bombardeos de Libia.

[5] International Energy Agency (2010): World Energy Outlook 2010. IEA and OECD.